Ante la inminente entrada en vigor de este reglamento, empresas y organizaciones de todo tipo, incluida la administración pública, deben ponerse al día y asegurarse de que tienen un control total sobre los lugares donde almacenan sus datos críticos y de que esta información está en todo momento a buen recaudo.
Para cumplir con los nuevos requerimientos legislativos, muchas organizaciones del sector público se están viendo obligadas a transformar procesos de TI y puestos de trabajo, en un momento en el que los recortes en los presupuestos públicos están a la orden del día.
La virtualización de escritorios y vApp se está convirtiendo en una gran aliada en estos casos, ya que además de aportar flexibilidad a los trabajadores, que pueden acceder a sus herramientas de trabajo 24×7 desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo, y simplificar el trabajo y aumentar la productividad de TI, ayuda a mantener la información sensible segura con unos gastos muy contenidos.
Con el modelo VDI, los datos se almacenan de manera centralizada en un servidor en lugar de estar dispersos en los diferentes equipos que utilizan los trabajadores, por lo que es mucho más fácil securizarlos y controlar el acceso a los mismos. Según un estudio de IDC, el 70% de las vulnerabilidades sobre datos se originan en el puesto del usuario, así que con el uso de escritorios virtuales se eliminaría gran parte del riesgo de que los datos sean comprometidos.
Por otra parte, en caso de auditoría resulta mucho más sencillo demostrar que se está cumpliendo con la normativa vigente. Eso sí, siempre hay que asegurarse de que se aplica una política de seguridad adecuada y lo suficientemente férrea para que el servidor o los servidores donde se almacenan los datos estén a salvo de posibles ataques.
La eficiente protección de datos sensibles, junto con la reducción de costes de despliegue, mantenimiento y administración, convierte a la virtualización de escritorios en la mejor aliada para iniciar la transformación del puesto de trabajo y asegurar el cumplimiento de la nueva legislación europea de protección de datos.
Fuente: Revista Byte
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